Thursday, October 16, 2008

La escena del crimen, por Sergio Ramírez


Este domingo, muy temprano en la mañana, fuerzas de la Policía Nacional de Nicaragua, actuando bajo las órdenes de un juez, rompieron con mazos y barras las puertas del pequeño edificio que aloja las oficinas de la Fundación Cinco que preside el periodista Carlos Fernando Chamorro, como si se tratara de entrar al cuartel de unos traficantes de drogas. Ya allanado el local, el fiscal que encabezaba el operativo procedió a requisar los archivos de la fundación.

Una operación parecida se había consumado la noche anterior en las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), y otras 15 organizaciones de mujeres, derechos humanos, promoción del voto y defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.

Un amplio perímetro alrededor de la sede de la fundación fue rodeado por destacamentos policiales mientras duró el operativo, impidiendo el ingreso de personas y el tráfico de vehículos, y las calles de acceso fueron cerradas con cintas amarillas en las que se leía "escena del crimen".

¿Cuál es el crimen cometido, que merece semejante despliegue y el secuestro de los archivos de organizaciones como la Fundación Cinco y el Movimiento Autónomo de Mujeres? Oponerse al régimen de Daniel Ortega, la corrupción, y los abusos de poder.

La Fundación Cinco, que preside Carlos Fernando, se dedica a promover estudios e investigaciones sobre la comunicación y problemas sociales y ciudadanos, y lo hace con recursos donados por organizaciones internacionales, entre ellas Oxfam. Y algunas veces, esas investigaciones se realizan en colaboración con otras organizaciones, como el Movimiento Autónomo de Mujeres. Son actividades normales en cualquier país normal. No en Nicaragua.

Los medios oficiales de propaganda, a cargo de la primera dama Rosario Murillo, empezaron a acusar hace semanas a Carlos Fernando Chamorro de triangular ilícitamente fondos, y lo declararon de antemano culpable de lavado de dinero, como parte de una feroz campaña de descrédito. A esta campaña siguió la acción de la Fiscalía General, que ya había citado a declarar a Chamorro, durante cinco horas, sin que en ningún momento se le señalara el delito por el cual se le investigaba, algo que viola las garantías del proceso penal justo que manda la Constitución.

El fiscal que consumó el allanamiento y el secuestro de los archivos de la Fundación Cinco tampoco explicó cuáles eran los delitos investigados, y se llevó un total de 15.000 folios, entre estudios, proyectos, correspondencia, estados contables, además de cinco computadoras, cuyos datos no fueron sometidos a comprobación en el acto del secuestro, y podrán ser falseados. ¿Por qué todos estos atropellos?

Carlos Fernando Chamorro, hijo de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el legendario director del diario La Prensa asesinado por la dictadura de Somoza en enero de 1978, es el conductor de Esta Semana, el programa de televisión de información y análisis político que tiene el mayor índice de audiencia. Dirige también el semanario Confidencial, y la Fundación Cinco. Y en su trabajo de periodista es culpable del delito de exponer, a través de rigurosos trabajos de investigación, negocios ilícitos que se consuman al amparo del Gobierno.

Uno de estos casos fue la formación de una compañía fantasma, con gente del círculo de Ortega como verdaderos dueños, organizada para explotar plantas térmicas de producción de energía eléctrica, que sería vendida al Estado a precios sobrevalorados. El otro, el chantaje ejercido, también por gente del círculo de Ortega, sobre empresarios de una compañía de desarrollo turístico en las playas del Pacífico, para obligarlos a darles una tajada en el negocio, un chanchullo que Chamorro expuso con grabaciones de las conversaciones entre los implicados.

¿Y el delito de las dirigentes del Movimiento Autónomo de Mujeres? Su campaña constante y sostenida en contra de la prohibición del aborto terapéutico, una prohibición medieval impuesta por el régimen de los esposos Ortega.

La represión contra Carlos Fernando Chamorro no termina con el allanamiento violento de la Fundación Cinco. No hay duda de que la Fiscalía General está preparando la acusación criminal en contra suya, si no está ya redactada y lista para ser presentada a los jueces penales, en su inmensa mayoría fieles a los mandatos de Ortega, tan fieles como los fiscales.

No importa que no haya bases jurídicas, no importa que se violenten las leyes, no importa que no se respeten las garantías procesales. El objetivo es convertir a Carlos Fernando en rehén, para buscar cómo acallar el ejercicio de su periodismo crítico con la amenaza de la cárcel, o meterlo en la cárcel para escarmiento suyo y de los que se atrevan a denunciar la corrupción y la ilegalidad.

Asunto que tampoco termina allí. Ya que Ortega pretende quedarse en el poder, reformando la Constitución Política que prohíbe la reelección, necesita silencio y sumisión, y las voces que disienten y critican resultan contrarias a su proyecto de control, que no se extiende sólo a las instituciones públicas, control que ya tiene, sino también a las entidades de la sociedad civil, empezando por los medios independientes de comunicación. Pronto veremos a toda Nicaragua rodeada por la cinta amarilla en la que se leerá "escena del crimen".


Sergio Ramírez, escritor, fue vicepresidente del Gobierno de Nicaragua en los años 80.


Publicado en el dirio EL PAÍS, ed. de 16/10/2008

Friday, October 03, 2008

NOTAS DE PRENSA de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)

Ante la muerte del Br. Julio Soto
“La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) acordó hacer público su profundo pesar por el fallecimiento del Br. Julio Soto, Presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad del Zulia (LUZ), vilmente asesinado luego de asistir al acto de juramentación de las autoridades de esa universidad. Expresamos nuestras condolencias a la familia del este joven luchador, quien supo combinar el esfuerzo de formación profesional con el trabajo gremial y político por una universidad democrática, autónoma, popular y de calidad. Hacemos extensivas nuestras palabras de solidaridad a la comunidad universitaria de LUZ y al movimiento estudiantil venezolano. Estamos de luto por este crimen terrible. Exigimos al gobierno su esclarecimiento y el castigo a los culpables. De la misma manera demandamos del gobierno que cumpla con su deber de garantizar el derecho a la vida de la población, cada vez más vulnerable ante la violencia e impunidad que se han enseñoreado del territorio nacional”.

Sobre retirada de pasaporte al Prof. Dr. Heinz Sonntag.
“FAPUV rechaza ante la opinión pública y la comunidad académica nacional e internacional , el grave atropello perpetrado por las autoridades de inmigración del aeropuerto Internacional de Maiquetía, siguiendo órdenes superiores, contra el destacado investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Dr. Heinz Sonntag, al anularle el pasaporte cuando ingresaba al país luego de cumplir con una destacada responsabilidad en un acto académico en Guatemala. Este grave hecho, ilegal y completamente irregular, constituye un acto de persecución política inaceptable, que en consecuencia condenamos. Exigimos que al profesor Sonntag se le entregue un nuevo pasaporte a la brevedad, que cesen las amenazas de retirarle la nacionalidad que lleva ejerciendo 25 años, que se abra una investigación y que se castigue a los responsables de este atropello".


http://fapuv.blogspot.com/

Resumen de una injusticia, por Baltasar Garzón

Hace unas semanas, leí con sorpresa y estupor la noticia que daba cuenta de la abrupta expulsión de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, de Venezuela. Su expulsión, sin el más mínimo respeto a los derechos humanos del afectado, con un claro tinte autoritario, más propio de países en los que la Declaración Universal de los Derechos Humanos jamás ha sido conocida, ocurría en la capital venezolana, Caracas, y la orden no procedía de ningún juez, ni había sido precedida de un procedimiento judicial. Se había producido, manu militari, con invasión por las fuerzas policiales actuantes del domicilio (habitación de hotel) que ocupaba el interesado, sin su presencia, a escondidas y con nocturnidad.
Esta acción de comando respondía al "terrible delito" cometido por el director de Human Rights Watch consistente en la presentación en rueda de prensa en aquella capital del libro titulado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela.
Doy por supuesto que en un país democrático, la libertad de pensamiento y de expresión son valores fundamentales que garantizan la solvencia de ese sistema, para alejarlo del autoritarismo y hacer que prevalezca el Estado de derecho. Cuando esos valores se pierden, en el horizonte de ese país aparecen nubarrones que ensombrecen cualquier posibilidad de credibilidad del mismo y se comienza a intuir un panorama de represión ideológica muy peligroso.
Parece claro que la acción del director de Human Rights Watch no era merecedora de la arbitraria respuesta dada por las autoridades venezolanas, que antes de actuar así deberían haber combatido, si les interesaba, con explicaciones y argumentos las afirmaciones-acusaciones que en aquel texto se contenían. La bravuconada de la expulsión, ejemplo de debilidad interna, no conduce más que a la demostración de que la razón de la fuerza se ha impuesto por encima de la fuerza de la razón, y a privar de credibilidad a cualquier respuesta posterior.
Es asimismo llamativo que a esta postura, antes que criticarla, se hayan sumado ciertos elementos del mundo político chileno (nacionalidad del señor Vivanco) y de Cuba. Asumo que en este último país las posturas sean casi miméticas a las del Gobierno venezolano, pero lo de Chile sí que me llama la atención porque con ello se demuestra la principal conclusión de libro: la intolerancia de los Gobiernos ante las críticas recibidas en materia de derechos humanos.
Con ello, y recuperando los momentos más oscuros de épocas que creía superadas en Latinoamérica, se opta por "matar" al mensajero que denuncia una situación de flagrante violación y desconocimiento de los derechos humanos de miles de ciudadanos, en vez de poner los medios para remediarla, o denunciar la omisión, como el autor hace.
Cuando, en este campo, se aboga porque alguien o algunos no se ocupen por los asuntos internos de un país, me vienen a la memoria todos los argumentos que durante décadas se han empleado para justificar la impunidad frente a violaciones permanentes y masivas de derechos humanos. Con ello se olvida que en la defensa de aquéllos -y en breves fechas se celebrará el 60 aniversario de su proclamación- la obligación de denuncia y persecución de los violadores es universal. Por ende, no podemos permanecer silentes antes estos hechos, más propios de quien actúa con miedo y con la amenaza del poder que ostenta, que de quien tiene y defiende la razón.
De José Miguel Vivanco sólo puedo decir que lo conozco desde hace ya muchos años, desde el proceso contra la dictadura de Pinochet. Lo he visto actuar con la misma firmeza y coraje frente al Gobierno del presidente Álvaro Uribe en Colombia como frente a la Administración Bush por Guantánamo.
Por ello, no me sorprende que él le aplique el mismo rasero al Gobierno de Venezuela que a cualquier otro Gobierno. Puedo decir con total convicción que las acciones de José Miguel Vivanco son coherentes con su compromiso democrático con la causa universal por los derechos humanos y con la rectitud jurídica y moral que lo han caracterizado por igual frente a Gobiernos de izquierda como de derecha.

Baltasar Garzón es magistrado de la Audiencia Nacional.
Publicado en el diario EL PAÍS, ed. de 03/10/2008
Vid. asimismo entrada en este blog, de September 19, 2008: José Miguel Vivanco, expulsado de Venezuela